A pesar de los reiterados llamados del presidente Luis Abinader para agilizar la aprobación del proyecto de ley sobre contrataciones públicas, la iniciativa enfrenta obstáculos en la Cámara de Diputados debido a la falta de consenso entre los legisladores y sectores afectados por la normativa.
El proyecto, que fue aprobado sin inconvenientes en el Senado, se encuentra estancado en la Cámara de Diputados desde la pasada legislatura, cuando se esperaba su aprobación a principios de 2025. Sin embargo, las diferencias de criterio han postergado el proceso hasta la nueva legislatura, que inicia el 27 de febrero.
En este sentido, el diputado Gregorio Domínguez, quien encabezó la comisión encargada del estudio del proyecto, ha asegurado que la pieza legislativa ya cuenta con el consenso necesario y será aprobada con todas las garantías constitucionales requeridas. «El proyecto tiene unos 240 artículos y se va a depositar nuevamente tal como fue aprobado en el Senado, con el objetivo de que sea aprobado antes de marzo», afirmó Domínguez.
Desacuerdos en torno a la iniciativa
A pesar de la afirmación del legislador del PRM, la Asociación de Contratistas y Suplidores de la República Dominicana (ACS) ha manifestado su desacuerdo con el contenido del proyecto, argumentando que otorga amplias facultades a la Dirección General de Contrataciones Públicas para solicitar información a ciudadanos sin vinculación directa con las licitaciones.
Asimismo, la ACS ha expresado su preocupación por el artículo cuatro del proyecto, que establece sanciones de hasta diez años de inhabilitación por incumplimientos, sin tomar en cuenta factores externos como retrasos en los pagos estatales o permisos emitidos por otras instituciones gubernamentales. Según Zoilo Taveras, presidente de la ACS, estas disposiciones «introducen obstáculos que afectan la sostenibilidad del sector proveedor» en lugar de fomentar la participación y eficiencia en las contrataciones del Estado.
El camino legislativo del proyecto
La propuesta fue aprobada en dos lecturas en el Senado a mediados de 2024 y enviada a la Cámara de Diputados para continuar su curso legislativo. No obstante, el proyecto perimió al no ser aprobado dentro del plazo reglamentario estipulado por la Constitución, lo que obliga a su reintroducción en la nueva legislatura.
El proyecto de ley, presentado originalmente por la entonces senadora Faride Raful, tiene como objetivo reforzar los mecanismos de transparencia en las contrataciones públicas y establecer sanciones más estrictas contra actos de corrupción en negociaciones con el Estado. Entre sus disposiciones más relevantes, prohíbe la falsedad en las declaraciones patrimoniales de los proveedores, sanciona la intervención de funcionarios públicos en contrataciones y restringe a exfuncionarios la representación de intereses en instituciones donde ejercieron cargos.
Con la nueva legislatura a punto de iniciar, se espera que el debate sobre esta normativa se retome con celeridad, buscando un equilibrio entre la necesidad de fortalecer la transparencia y la viabilidad para los sectores involucrados.
