Miami, 27 de enero de 2025. La reciente orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, que pretende eliminar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados y ciertos extranjeros con estatus legal en Estados Unidos, ha desatado una ola de controversias y desafíos legales. El decreto, que cuestiona la interpretación tradicional de la Enmienda 14 de la Constitución, enfrenta un panorama complicado en las cortes, pero podría ser un primer paso hacia un cambio constitucional impulsado por un Tribunal Supremo ultraconservador.
Un decreto en la mira de las cortes
El jueves pasado, un juez federal de Seattle emitió el primer revés contra la orden al declararla «claramente inconstitucional». Según Iván Espinosa-Madrigal, director de Abogados Defensores de los Derechos Civiles, el decreto representa «una violación de los derechos constitucionales de los inmigrantes» y socava principios fundamentales establecidos en la Constitución.
La Enmienda 14, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos». Este principio, conocido como derecho de ciudadanía por nacimiento, ha sido un pilar de la identidad estadounidense, extendiendo la ciudadanía a hijos de inmigrantes, incluidos aquellos con visas temporales.
¿Quién será considerado estadounidense?
El decreto no solo afecta a los hijos de inmigrantes indocumentados, sino también a los bebés nacidos de residentes temporales con visas de trabajo, estudio o turismo. Según la orden, ningún departamento gubernamental podrá expedir documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense a bebés cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes.
Esto afectará a estudiantes internacionales, trabajadores de alta tecnología y otros extranjeros que residen legalmente en el país, si al menos uno de los padres no cuenta con estatus de residente permanente.
Oscar Chacón, director de Alianza Américas, considera que esta iniciativa refleja una lucha histórica sobre «quién debe ser considerado estadounidense». Chacón lamenta que Trump lidera «un movimiento que busca excluir a personas que no encajan en una visión anglo, blanca y protestante de la ciudadanía».
Desafíos constitucionales y riesgos legales
Aunque ningún presidente tiene el poder de alterar la Constitución por decreto, Trump busca cambiar su interpretación. Iván Espinosa-Madrigal advierte que la orden pretende obligar a las agencias gubernamentales a verificar el estatus migratorio de los padres y a incluir esta información en los certificados de nacimiento, lo que cambiaría el acceso a la documentación de ciudadanía de forma administrativa.
El proceso para enmendar la Constitución es complejo y requiere el apoyo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso o de una convención constitucional convocada por dos tercios de las legislaturas estatales. A pesar de ello, expertos consideran que la intención de Trump es abrir un debate que podría llegar al Tribunal Supremo, donde existe el riesgo de una reinterpretación a favor de su posición.
El futuro del derecho de ciudadanía
Actualmente, los certificados de nacimiento emitidos por los gobiernos estatales no incluyen información sobre el estatus migratorio de los padres. Sin embargo, bajo la nueva orden, esta práctica cambiaría, otorgando al gobierno federal el poder de decidir qué bebés califican para la ciudadanía automática.
El impacto de esta medida podría ser profundo, no solo para las familias afectadas, sino también para el marco constitucional de Estados Unidos. Los próximos meses serán cruciales para determinar si los tribunales bloquean definitivamente esta orden o si se allana el camino hacia un cambio histórico en la ciudadanía estadounidense.
